LIMA (Reuters) — La presidenta del Perú ofreció el lunes a los legisladores un plan para adelantar dos años las elecciones, luego de que la destitución de su predecesor la semana pasada desatara protestas que han dejado al menos siete muertos.
La presidenta Dina Boluarte, anteriormente vicepresidenta, asumió el cargo la semana pasada luego de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso y arrestado por tratar de disolver la legislatura mientras impedía una tercera vacancia en su contra.
Pero los partidarios de Castillo argumentan que Boluarte no fue elegida por el pueblo. Los manifestantes han salido a las calles para exigir que Perú celebre nuevas elecciones, y algunos también piden que se cierre el Congreso y se libere a Castillo.
La jefa de la Defensoría del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, dijo que siete personas habían muerto durante dos días de protestas, todas por heridas de bala.
Las autoridades de Apurímac informaron el lunes temprano la muerte de un joven de 16 años y dos de 18, mientras que en Arequipa se informó otra muerte y dos adolescentes fueron asesinados el domingo.
«Estas son realmente muertes innecesarias», dijo Revollar a la emisora local Epicentro, y agregó que al menos 32 civiles y 24 policías resultaron heridos.
Citando «tiempos difíciles», la sexta presidenta de Perú en los últimos cinco años dijo que proponía adelantar las próximas elecciones generales a abril de 2024. Normalmente debería celebrarse el 2026.
En una carta manuscrita publicada en su página de Twitter el lunes, Castillo calificó la promesa electoral anticipada de Boluarte como un «juego sucio» y la calificó de «usurpadora», y pidió una asamblea inmediata para reescribir la constitución de la nación.
Castillo también dijo que no renunciaría como presidente a pesar de su destitución legal del poder. Está recluido en un centro penitenciario de Lima mientras es investigado por la fiscalía por los presuntos delitos de rebelión y concierto para delinquir.
Los gobiernos de izquierda de Argentina, Bolivia, México y Colombia emitieron este lunes un comunicado conjunto pidiendo la protección de los derechos humanos y judiciales de Castillo, y agregaron que los «agentes» de la destitución de Castillo deben priorizar «la voluntad de los ciudadanos que se declaró en el centro».
Castillo fue elegido por un estrecho margen el año pasado con Boluarte como su compañera de fórmula.
Algunos grupos civiles e indígenas del segundo productor de cobre del mundo también anunciaron una huelga a partir del lunes en Apurímac, sede de importantes proyectos mineros, incluida Las Bambas, una importante mina de cobre propiedad de la china MMG Ltd (1208.HK) .
Una fuente de Las Bambas, que ha luchado contra los bloqueos durante años, dijo a Reuters que ha recibido más amenazas de bloqueo en medio de una «radicalización» de las protestas contra la empresa por parte de los lugareños.
‘ALTO CONFLICTO’
Castillo, exmaestro y campesino, atrajo un fuerte apoyo el año pasado de las zonas rurales y mineras. Pero durante el primer año de su administración, las acusaciones de corrupción en su contra aumentaron mientras presidía una rotación sin precedentes entre los ministros principales.
Protestas que involucran a cientos o miles de personas se han llevado a cabo desde la semana pasada en ciudades del interior de Perú y la capital Lima, en ocasiones tornándose violentas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU advirtió sobre una mayor escalada en un comunicado el lunes, y pidió a las autoridades que ejerzan moderación e investiguen a fondo las muertes de los manifestantes.
En Apurímac, las autoridades ordenaron el cierre del aeropuerto tras un ataque de manifestantes, y partes de la principal carretera costera de Perú fueron bloqueadas el lunes en Ica y Arequipa.
LATAM Airlines dijo que había cancelado vuelos hacia y desde la ciudad de Arequipa luego de informes de que los manifestantes invadieron una pista.
«Dina Boluarte no nos representa. Es una traidora. Es una incompetente», dijo Juan Calle en una marcha en Lima, pidiendo el encarcelamiento de la nueva presidenta y la liberación de Castillo.
Boluarte, de 60 años, declaró el estado de emergencia en áreas de «alto conflicto», lo que permitió a los soldados tener más control.
«He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales del pueblo», dijo Boluarte, quien lamentó las muertes.
