Lima (Reuters) — Las fuerzas de seguridad de Perú cometieron alarmantes violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en diciembre pasado, dijo el miércoles un organismo regional de derechos humanos, y agregó que la respuesta a los manifestantes podría calificarse como una masacre.
Más de 60 personas murieron en enfrentamientos con policías y soldados en las protestas que estallaron tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.
“Hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza”, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe.
El gobierno ha negado haber cometido abusos durante las protestas y dijo que está colaborando con las investigaciones.
La presidenta Dina Boluarte, quien reemplazó a Castillo, desestimó más tarde el miércoles las conclusiones del grupo.
«Rechazamos los supuestos hallazgos de ejecuciones extrajudiciales y la descripción de ‘masacre'», dijo en conferencia de prensa.
La CIDH dijo que un gran número de personas resultaron muertas y heridas por disparos, principalmente en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, donde la población exigió nuevas elecciones y la renuncia de Boluarte.
La violencia «también podría equivaler a una masacre», afirma el informe.
«Hubo graves violaciones de derechos humanos que deben investigarse con la debida diligencia y un enfoque étnico-racial», dijo Margarette May Macaulay, jefa de la CIDH, que es el brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington. «Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales».
Boluarte restó importancia a la redacción del informe de la CIDH, diciendo que no «confirmaba» la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, sino que «podrían haber ocurrido».
El informe afirmó que se produjeron violaciones de derechos.
La comisión visitó Perú del 11 al 13 de enero y se reunió con familiares de las víctimas, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil.
El informe de la comisión sigue a una publicación de Human Rights Watch, que concluyó que las fuerzas de seguridad de Perú fueron responsables de las muertes en protestas.
En enero, el fiscal general de Perú abrió una investigación contra Boluarte, junto con tres de sus ministros, por cargos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
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